Se trata, en concreto, de tres proyectos de asistencia técnica que la FAO dará a las instituciones de nuestro país para la elaboración de políticas públicas dirigidas a esos colectivos y mejorar la articulación entre las diferentes instituciones involucradas en la implementación de planes sociales.

El canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni, signatario de los acuerdos junto al representante en Paraguay de la FAO, Jorge Mesa, aseguró tras el acto de firma, en la sede de su Ministerio, que servirán para “aumentar nuestras capacidades para enfrentar el desafío de la reducción de la pobreza extrema y la pobreza”.

Según la última estimación de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec), un 26,4 % de la población paraguaya vivía en 2017 en situación de pobreza, mientras que un 4,41 % sufría pobreza extrema, mientras que en el área rural la pobreza alcanzó al 36,22 % de la población, y la pobreza extrema al 8,97 %.

En el caso de las comunidades indígenas, en las que se calcula que habitan unas 120.000 personas de los más de 6 millones de habitantes que tiene Paraguay, el 76 % vive en situación de pobreza extrema.

En ese sentido, Castiglioni señaló que la disminución de la pobreza rural e indígena es “uno de los grandes desafíos” del país, y contribuiría a reducir la “migración del campo a la ciudad”, con la elaboración de “programas más consistentes de inclusión” que permitan a las familias “desarrollarse dignamente aprovechando las potencialidades de nuestro campo”.

Así, uno de los acuerdos contribuirá con el proceso de elaboración del Plan Nacional de Pueblos Indígenas (PNPI), mientras que otro colaborará en la coordinación de las diferentes instituciones encargadas de desarrollar e implementar políticas públicas para favorecer la “inclusión productiva rural”.

El último busca mejorar la eficiencia de “respuesta rápida” del Estado a situaciones de emergencia agrícola, a través de “metodologías de buena gobernanza” e “instrumentos de gestión de información agroclimática”, con miras a la adaptación al cambio climático.

El representante de la FAO remarcó que dichos acuerdos se enmarcan en la Agenda 2030 de Naciones Unidas que establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y afirmó que “es posible erradicar el hambre para 2030”, a través de una “combinación de inversiones en agricultura sostenible, desarrollo rural, inclusión productiva y laboral y medidas de protección social”.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.

Como cada año, cuando se registran temperaturas inferiores a 10 °C, la SEN activó el operativo con la implementación de un albergue para proteger a personas en situación de calle,

El coordinador de Albergues de la SEN, Eduardo Figueredo, informó a la 650 AM que “estarán ofreciendo desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, cena y todo lo que se requiere para que estén en buenas condiciones y cómodos”.

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Además, mencionó que en caso de que las personas no quieran ir al refugio, les brindarán colchones, frazadas y bebidas calientes.

El albergue está ubicado al costado del predio de la Primera División de Infantería RI14 Tacumbú.